La Junta de Andalucía tenía, y tiene, seis meses para responder cualquier solicitud de prestación económica por dependencia. 182 días que, sin embargo, se han triplicado de media hasta alcanzar los 618. Bastante más que la media en España, 330 días. Pero los retrasos, en ocasiones, van mucho más allá de cualquiera de esas medias. En Granada, una señora lo solicitó en 2017. La concesión se firmó 949 días más tarde. La notificación aún tardó varios meses, con lo que la familia se enteró 1.057 días después de pedirlo, o lo que es lo mismo, dos años, 10 meses y 19 días. Estas prestaciones se cobran desde que se conceden y no desde que, si se cumplen los requisitos, se solicitan. Ese retardo en la concesión supuso la pérdida de más de 30 meses de ayuda.
