El primer estremecimiento de nervios llegó, relata Ignacio Ramos, “en cuanto mi hermana Pilar y yo vimos aparecer los coches fúnebres por la puerta del tanatorio”. A bordo viajaban los ataúdes de madera maciza envueltos con una cápsula de zinc que contenían los restos del historiador, jurista y escritor alicantino Rafael Altamira (1866-1951) y de su esposa, Pilar Redondo, bisabuelos de los Ramos. “Después nos llevaron a una capilla en la que estaban los féretros ―continúa el descendiente del fundador y único juez español del Tribunal Internacional de La Haya― y nos dejaron diez minutos a solas”. Ignacio y Pilar afloraron en ese momento la emoción de una familia que lleva más de 30 años peleando para que Altamira, exiliado tras la Guerra Civil y nominado dos veces al Nobel de la Paz, fuera trasladado desde el Panteón Español de México al pueblo en el que quería retirarse, El Campello (Alicante). Sus restos ya están enterrados junto a los de sus familiares en el cementerio campellero, a falta de que se construya un mausoleo en su memoria. El entierro oficial está previsto para la segunda quincena de enero.
